Negocio fallido. El fallecimiento en un accidente en Argentina del empresario, que aseguró que iba a quedarse con el Valencia por 200 millones, y la decisión del Supremo de dar la razón a Soler en la venta de acciones a Soriano y a Dalport han puesto punto final al último gran intento de hacer caja con el sentimiento de miles de aficionados.
RAMÓN FERRANDO VALENCIA
El expresidente del Valencia Vicente Soriano anunció el 6 de julio de 2009 que la sociedad Inversiones Dalport estaba a punto de invertir 500 millones en el club. La firma del empresario uruguayo Víctor Vicente Bravo llegó a controlar el 50,3% del accionariado del club con la promesa de comprar las acciones por 200 millones, pero no puso ni un euro. El negocio de Soriano y Bravo llegó a poner contra las cuerdas a la entidad, pero se desmoronó en menos de un mes porque la prometida inversión multimillonaria nunca llegó.
De aquel sueño solo quedan deudas a las que tendrá que hacer frente el empresario valenciano. El Tribunal Supremo, como ha adelantado en exclusiva Levante-EMV, ha cerrado de forma definitiva la vía judicial dando la razón al expresidente Juan Soler al condenar a la empresa uruguaya y a Vicente Soriano a abonarle 20 millones de euros por el primer pagaré de la compra-venta de acciones. La decisión judicial ha trascendido poco después de la muerte del empresario uruguayo en un accidente.
Soriano -que contrató al despacho de abogados Cuatrecasas, Gonçalvez Pereira para que le asesorará en la operación- anunció que el supuesto grupo multimillonario tenía su sede en Montevideo (Uruguay) y contaba con capital de "América, Europa, Asia, África y Oceanía". El primer día ya surgieron dudas sobre el potencial de Inversiones Dalport. La firma carecía de página web propia -una situación extraña para una multinacional- y no aparecía en las últimas ediciones digitales del registro mercantil español. El logotipo de la empresa era un águila volando, que en realidad pertenecía a una marca de libretas de ilustraciones y ortografía infantil.
Inversiones Dalport habilitó en apenas 48 horas una página en internet que hacía desconfiar aún más a los que sospechaban que todo era un fraude. La empresa de Víctor Vicente Bravo aseguraba en la web que disponía de unos activos de 28.500 millones de dólares -más de 20.000 millones de euros- en propiedades de la Reserva Federal de Estados Unidos mediante bonos de Ford Motor Company, avalados por la Secretaria de Estado Americano de Deuda Pública y Privada de Nevada. Dalport indicaba que había trabajado en Dubai, Arabia Saudí, Kuwait y Qatar. Además, mantenía que había cerrado contratos de obras de infraestructuras por "una cantidad superior a los 500 millones de dólares".
A pesar de que cada día era más evidente que todo era un engaño, Bravo cuestionaba públicamente las informaciones que evidenciaban su falta de capacidad financiera. El 22 de julio de 2009, Bravo, Soriano y dos socios inversores de Dalport acudieron a la oficina central del Santander en Valencia para solicitar el respaldo financiero de unos pagarés de Caja Duero avalados por Ford Company con los que pretendían abonar los títulos de Juan Soler (el 37% de las acciones). Standard & Poors advirtió de que los avales tenían una calificación de riesgo CCC+ (eran bonos basura).
746 millones
Bravo estaba obligado a pagar 200 millones por las 96.125 acciones que adquirió de Juan Soler y Vicente Soriano. Además, tenía que hacer frente a 46 millones para comprar acciones en la ampliación de capital que terminaba el 21 de agosto de 2009 y no perder el control del Valencia. A finales de julio, algunos todavía confiaban en que la sociedad uruguaya iba a ingresar otros quinientos millones para quedarse con los solares del viejo Mestalla y la zona terciaria del nuevo estadio.
La caída se precipitó el 30 de julio de 2009. El empresario uruguayo fue incapaz de cumplir su primer compromiso serio y no hizo efectivos los 6 millones que debía pagar a Vicente Silla por el 3,3% de las acciones. Ese día perdió su condición de accionista mayoritario y poco a poco desapareció. El principal damnificado ha sido Vicente Soriano, que tiene que pagar 50 millones a Soler por las acciones. Hasta Cuatrocasas le reclamaba al exdirigente valencianista 300.000 euros por honorarios impagados. Soriano se comprometió en marzo a abonar 134.000 euros para zanjar la deuda con sus abogados.
El expresidente del Valencia Vicente Soriano anunció el 6 de julio de 2009 que la sociedad Inversiones Dalport estaba a punto de invertir 500 millones en el club. La firma del empresario uruguayo Víctor Vicente Bravo llegó a controlar el 50,3% del accionariado del club con la promesa de comprar las acciones por 200 millones, pero no puso ni un euro. El negocio de Soriano y Bravo llegó a poner contra las cuerdas a la entidad, pero se desmoronó en menos de un mes porque la prometida inversión multimillonaria nunca llegó.
De aquel sueño solo quedan deudas a las que tendrá que hacer frente el empresario valenciano. El Tribunal Supremo, como ha adelantado en exclusiva Levante-EMV, ha cerrado de forma definitiva la vía judicial dando la razón al expresidente Juan Soler al condenar a la empresa uruguaya y a Vicente Soriano a abonarle 20 millones de euros por el primer pagaré de la compra-venta de acciones. La decisión judicial ha trascendido poco después de la muerte del empresario uruguayo en un accidente.
Soriano -que contrató al despacho de abogados Cuatrecasas, Gonçalvez Pereira para que le asesorará en la operación- anunció que el supuesto grupo multimillonario tenía su sede en Montevideo (Uruguay) y contaba con capital de "América, Europa, Asia, África y Oceanía". El primer día ya surgieron dudas sobre el potencial de Inversiones Dalport. La firma carecía de página web propia -una situación extraña para una multinacional- y no aparecía en las últimas ediciones digitales del registro mercantil español. El logotipo de la empresa era un águila volando, que en realidad pertenecía a una marca de libretas de ilustraciones y ortografía infantil.
Inversiones Dalport habilitó en apenas 48 horas una página en internet que hacía desconfiar aún más a los que sospechaban que todo era un fraude. La empresa de Víctor Vicente Bravo aseguraba en la web que disponía de unos activos de 28.500 millones de dólares -más de 20.000 millones de euros- en propiedades de la Reserva Federal de Estados Unidos mediante bonos de Ford Motor Company, avalados por la Secretaria de Estado Americano de Deuda Pública y Privada de Nevada. Dalport indicaba que había trabajado en Dubai, Arabia Saudí, Kuwait y Qatar. Además, mantenía que había cerrado contratos de obras de infraestructuras por "una cantidad superior a los 500 millones de dólares".
A pesar de que cada día era más evidente que todo era un engaño, Bravo cuestionaba públicamente las informaciones que evidenciaban su falta de capacidad financiera. El 22 de julio de 2009, Bravo, Soriano y dos socios inversores de Dalport acudieron a la oficina central del Santander en Valencia para solicitar el respaldo financiero de unos pagarés de Caja Duero avalados por Ford Company con los que pretendían abonar los títulos de Juan Soler (el 37% de las acciones). Standard & Poors advirtió de que los avales tenían una calificación de riesgo CCC+ (eran bonos basura).
746 millones
Bravo estaba obligado a pagar 200 millones por las 96.125 acciones que adquirió de Juan Soler y Vicente Soriano. Además, tenía que hacer frente a 46 millones para comprar acciones en la ampliación de capital que terminaba el 21 de agosto de 2009 y no perder el control del Valencia. A finales de julio, algunos todavía confiaban en que la sociedad uruguaya iba a ingresar otros quinientos millones para quedarse con los solares del viejo Mestalla y la zona terciaria del nuevo estadio.
La caída se precipitó el 30 de julio de 2009. El empresario uruguayo fue incapaz de cumplir su primer compromiso serio y no hizo efectivos los 6 millones que debía pagar a Vicente Silla por el 3,3% de las acciones. Ese día perdió su condición de accionista mayoritario y poco a poco desapareció. El principal damnificado ha sido Vicente Soriano, que tiene que pagar 50 millones a Soler por las acciones. Hasta Cuatrocasas le reclamaba al exdirigente valencianista 300.000 euros por honorarios impagados. Soriano se comprometió en marzo a abonar 134.000 euros para zanjar la deuda con sus abogados.
